No fue un hecho aislado. No fue “un caso más”.
Fue el resultado de un modelo que empuja a los trabajadores al límite y después se lava las manos.

Un docente que no llegaba a fin de mes. Un laburante de la educación, sosteniendo la escuela pública con vocación y esfuerzo, obligado a manejar un Uber para sobrevivir. No para progresar. Para sobrevivir.

Y del otro lado, un policía armado. Parte de una institución que históricamente ha sido utilizada para disciplinar, reprimir y sostener un orden profundamente injusto.

La diferencia es clara y no admite relativizaciones:
uno estaba trabajando para vivir;
el otro tenía un arma y decidió usarla.

No hay contexto que justifique eso. No hay salario bajo que habilite la violencia estatal.

Pero sí hay una verdad incómoda: este sistema precariza a todos, pero arma a unos y deja indefensos a otros.

Mientras los docentes tienen que rebuscársela con changas para llegar a fin de mes, las fuerzas de seguridad siguen siendo sostenidas como herramienta de control social. Y cuando esa combinación explota, el resultado es siempre el mismo: los de abajo pagando el costo con su vida.

No es un problema individual.
Es estructural.

Es un modelo que ajusta salarios, destruye condiciones de vida y después responde con más policía en la calle. Como si la violencia fuera la solución y no parte del problema.

Hoy es un docente.
Mañana puede ser cualquiera que esté tratando de sobrevivir en un país donde trabajar ya no garantiza nada.

Y mientras tanto, el discurso del “orden” sigue funcionando como excusa.
Orden para los de arriba.
Represión para los de abajo.

Porque en esta Argentina, cada vez queda más claro:
la crisis no es un error… es una decisión política.