En medio de la preocupación por amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE), bajo la gestión de Alfredo Cornejo, decidió emitir una circular institucional obligatoria dirigida a madres, padres y tutores. El mensaje es claro: más control, más sanción y más responsabilidad para las familias.

El documento, que las familias deben firmar, pone el eje en la “responsabilidad patrimonial”, la “tipificación penal” y las posibles consecuencias legales ante cualquier situación disruptiva . Es decir, la respuesta del Estado vuelve a ser disciplinar.

La violencia que ya está instalada

Lo que la DGE parece no querer ver es que estos episodios no surgen de la nada. No son hechos aislados. Son la expresión más extrema de una violencia que viene siendo naturalizada en distintos ámbitos de la vida cotidiana de los jóvenes.

Violencia en redes, violencia en los vínculos, violencia simbólica, exclusión, bullying, competencia permanente. Todo eso construye subjetividades.

Y cuando eso explota, la respuesta es castigar.

Pero castigar no desarma la violencia. La reproduce.

No todos los pibes parten del mismo lugar

La circular habla de “corresponsabilidad” como si todas las familias pudieran ejercer el mismo nivel de control y acompañamiento. Como si todos los hogares fueran iguales.

Y no lo son.

No es lo mismo un chico que crece en un entorno con recursos, contención y acceso a actividades estructuradas, que otro que atraviesa situaciones de vulnerabilidad, abandono o violencia en su propio hogar.

Sin embargo, la respuesta estatal es uniforme: sanción para todos por igual.

Y ahí aparece una contradicción fuerte.

La escuela no puede correrse

La DGE traslada gran parte de la responsabilidad al ámbito privado, exigiendo que las familias controlen lo que los estudiantes llevan a la escuela . La institución, en cambio, “asume” que ese control ya fue hecho.

Pero la escuela no puede correrse.

La escuela es uno de los pocos espacios donde todavía es posible intervenir, contener, escuchar y construir otra cosa.

Delegar todo en las familias es, en muchos casos, dejar a los pibes sin red. Cuando el problema ya explotó, el Estado aparece con protocolos, policía y sanciones. Pero no aparece antes, cuando hay señales, cuando hay malestar, cuando hay violencia cotidiana que se vuelve paisaje.

No hay inversión suficiente en equipos de orientación, no hay políticas sostenidas de salud mental, no hay trabajo profundo sobre convivencia.

Entonces, cuando todo estalla, la respuesta es jurídica.

Y eso no alcanza. La circular termina con una firma obligatoria. Las familias deben dejar constancia de que fueron notificadas. No convocadas, no incluidas, no escuchadas.

Notificadas.

Como si el problema fuera simplemente administrativo.

Lo que no se dice

Hablar de seguridad sin hablar de desigualdad, de salud mental, de vínculos y de contextos, es mirar solo la superficie.

La violencia no se resuelve con advertencias legales.

Se trabaja.

Se acompaña.

Se entiende.

Y sobre todo, se deja de negar.