El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795. De no hacerlo, advirtió que podrá imponer multas económicas por cada día de demora.

La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para avanzar con las medidas ordenadas judicialmente.

La resolución fue firmada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Estado nacional no acreditó haber cumplido de manera total con la medida cautelar que se encuentra vigente.

El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados principalmente con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y la actualización de las becas y programas destinados a estudiantes.

La intimación establece un plazo perentorio de cinco días y advierte que, si persiste el incumplimiento, podrán aplicarse “astreintes”, es decir, multas económicas por cada día de demora.

Un conflicto que lleva meses

El reclamo judicial forma parte de una disputa que se inició luego de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa fue sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso insistió con la ley y logró reunir los votos necesarios para sostenerla.

A partir de allí, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales recurrieron a la Justicia para reclamar su aplicación.

En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenaba avanzar con la aplicación de los artículos referidos a salarios y becas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente esa decisión y la medida quedó firme.

El Gobierno sostuvo que los acuerdos alcanzados durante este año con las universidades permitían considerar cumplida la medida judicial. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y concluyó que el Estado no había demostrado un cumplimiento integral de la cautelar.

El reclamo por los salarios

El conflicto también se encuentra atravesado por la discusión salarial de docentes y no docentes universitarios. Los gremios sostienen que los salarios acumularon una pérdida frente a la inflación y reclaman una recomposición.

En la última negociación paritaria, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales del sector.

En paralelo, las universidades reclaman la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento y de los programas de becas para estudiantes.

Nueva marcha federal

La decisión judicial se conoció en medio de nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales y del recrudecimiento del conflicto por el financiamiento del sistema universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios anunciaron además una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, mientras continúa el reclamo para que el Gobierno cumpla con la normativa vigente.

Ahora, el Ejecutivo deberá responder dentro del plazo fijado por la Justicia. En caso de no acreditar el cumplimiento de la medida cautelar, el juez podrá avanzar con la aplicación de sanciones económicas diarias.