A pocas semanas del inicio de la temporada de tormentas, el futuro del sistema vuelve a estar en discusión. San Rafael sostiene que demostró durante dos campañas que la mitigación aérea funciona y exige previsibilidad, tres aeronaves y financiamiento provincial. Desde el Gobierno de Alfredo Cornejo insisten en priorizar la asistencia económica directa a los productores.

La discusión por la Lucha Antigranizo volvió a poner al Sur mendocino frente a una situación que parece repetirse todos los años: mientras se acerca la temporada de tormentas, San Rafael todavía debe negociar cómo, con qué recursos y bajo qué condiciones podrá sostener un sistema destinado a proteger su producción.

El conflicto tiene un origen concreto. En 2024, el Gobierno de Alfredo Cornejo tomó la decisión de dejar de financiar el sistema aéreo como lo había hecho históricamente y trasladó buena parte de la responsabilidad económica hacia los municipios del Sur. San Rafael y General Alvear resolvieron entonces sostener la lucha y asumir costos millonarios para evitar que el oasis quedara sin defensa activa frente al granizo.

Dos temporadas después, desde San Rafael consideran que la experiencia dejó una conclusión contundente: el sistema debía continuar.

San Rafael puso los recursos y ahora reclama previsibilidad

Durante las últimas campañas, el Municipio de San Rafael tuvo una participación financiera cada vez mayor. Según los números presentados oficialmente por la comuna, en la primera temporada del nuevo esquema la Provincia aportó alrededor de $1.800 millones, San Rafael $1.204 millones y General Alvear $592 millones. En la siguiente campaña, Mendoza no realizó aportes monetarios directos para la operación —aunque sí cedió aviones, radares y parte del material—, mientras San Rafael desembolsó $1.141 millones y Alvear $489 millones.

Los resultados de la temporada 2025/26 también fueron utilizados por el municipio para defender la continuidad: se registraron 87 tormentas severas, 141 vuelos y 47 jornadas de operación, con miles de bengalas y cartuchos utilizados. El balance presentado en marzo destacó además una fuerte reducción de la superficie productiva afectada respecto de los promedios históricos.

Es cierto que la lucha antigranizo no puede impedir cada caída de piedra. Nunca fue presentada seriamente como una herramienta infalible. Es un sistema de mitigación. Pero la discusión planteada desde San Rafael es otra: si permite reducir los daños, ¿por qué abandonar una herramienta preventiva precisamente en una de las principales regiones productivas de Mendoza?

Más de 300 entidades respaldaron el reclamo

La posición planteada por el intendente Omar Félix no quedó limitada al Ejecutivo municipal ni al Partido Justicialista.

Más de 300 entidades e instituciones de San Rafael acompañaron con sus firmas el pedido elevado al Gobierno de Mendoza para garantizar la continuidad del sistema con financiamiento provincial.

La propuesta sanrafaelina es concreta: se solicitan al menos tres aeronaves, ya que una tercera unidad resulta indispensable como respaldo ante mantenimiento o desperfectos; se pide una cesión gratuita durante un período de entre ocho y diez años y que la Provincia asuma los gastos de mantenimiento, taller, material de siembra, seguros, infraestructura aeroportuaria, radarización e información meteorológica.

Para combustible, pilotos, traslados, viáticos y alojamiento, el Municipio incluso propuso compartir los gastos: 50% Provincia y 50% municipios, distribuyendo la parte municipal en un 70% para San Rafael y un 30% para General Alvear.

No se está pidiendo, entonces, que Mendoza haga todo mientras los municipios observan desde afuera. Se está reclamando un esquema donde cada jurisdicción participe, pero sin convertir una política de contingencias climáticas provincial en una obligación casi exclusivamente municipal.

“No podemos discutir lo mismo todos los años”

Félix pidió además que el acuerdo se extienda durante por lo menos ocho años.

El argumento tiene lógica desde cualquier óptica administrativa: una política que requiere aeronaves, pilotos, mantenimiento, material de siembra, radares, planificación y contratación especializada no puede comenzar a organizarse cada septiembre, cuando las primeras grandes tormentas están prácticamente encima.

La lucha antigranizo necesita convertirse definitivamente en una política de Estado, con planificación y previsibilidad, y no en una pulseada política entre Provincia y municipios que se reactiva antes de cada verano.

El reclamo del justicialismo: “La Provincia tiene que volver a financiarla”

Los legisladores justicialistas de San Rafael también tomaron una posición clara.

El diputado Germán Gómez, presidente del bloque del PJ, sostuvo que durante dos temporadas los municipios hicieron el esfuerzo necesario para demostrar la efectividad del sistema y reclamó que el Gobierno de Mendoza retome su financiamiento.

El senador Mauricio Sat apuntó en la misma dirección: recordó que sostener la lucha no significa solamente disponer de un avión, sino afrontar bengalas, hangares, seguros, mantenimiento, pilotos, operaciones y horas de vuelo. El senador Pedro Serra también cuestionó que esas responsabilidades sean transferidas a los municipios.

Y allí aparece uno de los puntos centrales de esta discusión: entregar o vender un avión no significa garantizar una lucha antigranizo.

Un avión estacionado en un hangar no combate ninguna tormenta.

De “ceder” a “vender” y otra vez al traspaso

La comunicación provincial tampoco ayudó a dar certezas.

A comienzos de septiembre se informó inicialmente que la Provincia cedería dos aeronaves a San Rafael y General Alvear. Luego el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, habló de una venta prioritaria a los municipios antes de una eventual subasta. La modificación del mensaje provocó fuertes críticas del justicialismo sureño.

Finalmente, el Gobierno provincial volvió a ratificar su disposición a avanzar con un traspaso definitivo de dos aeronaves, además de facilitar información del sistema de radares, dejando en manos de los municipios los costos asociados a la operación.

Pero San Rafael insiste: dos aviones no alcanzan para garantizar una operación segura y permanente y, sobre todo, transferir las aeronaves sin resolver quién financiará el funcionamiento completo no resuelve el problema.

La Provincia apuesta a pagar después del daño

El Gobierno de Mendoza tiene otro enfoque.

Vargas Arizu sostiene que la prioridad provincial debe estar en la asistencia directa a los productores damnificados. Según informó Producción, durante la última temporada se transfirieron más de $14.000 millones por contingencias climáticas, de los cuales el 72% tuvo como destino San Rafael y General Alvear. La Provincia también cuestiona las estadísticas utilizadas para demostrar la eficacia del sistema y destaca que, en los últimos diez años, las heladas provocaron más superficie perdida que el granizo.

Es un dato que merece ser incorporado al debate.

Pero compensar el daño y tratar de evitarlo son dos cosas diferentes.

Un seguro puede significar un auxilio económico imprescindible después de una tormenta. No reconstruye inmediatamente una plantación, no devuelve la producción perdida, no recupera empleos afectados ni evita el impacto sobre viviendas, vehículos, comercios y demás actividades económicas.

Más todavía: la propia Ley Provincial 6638 contempla sistemas de defensa activa contra el granizo y, en otro artículo, también contempla la posibilidad de implementar un seguro agrícola. Es decir, la legislación no los plantea necesariamente como herramientas excluyentes.

Prevención y compensación pueden convivir.

Una discusión que también es profundamente política

La pregunta que empieza a instalarse en San Rafael es inevitable: ¿por qué un departamento que aporta recursos a la Provincia debe financiar por su cuenta una política estratégica para proteger una de sus principales actividades económicas?

Durante décadas la lucha antigranizo estuvo bajo la órbita provincial. Incluso gobiernos anteriores de distinto signo político la mantuvieron, modificaron y financiaron.

Hoy el Sur reclama que no se lo obligue a elegir entre pagar una política que excede las competencias y posibilidades presupuestarias de un municipio o quedar expuesto a las tormentas.

Y ese planteo ya no pertenece solamente a Omar Félix o al Partido Justicialista. Cuando más de 300 entidades locales respaldan un documento común, el reclamo adquiere una dimensión institucional difícil de ignorar.

San Rafael ya hizo el esfuerzo. Puso fondos, sostuvo el sistema y aceptó demostrar con resultados aquello que desde Mendoza se cuestionaba.

Ahora corresponde que la Provincia dé una respuesta de fondo.

Porque defender la producción mendocina no puede consistir únicamente en calcular cuánto pagar después de que cayó la piedra.

También significa hacer todo lo posible para que el daño sea menor antes de que ocurra.

Y para San Rafael, después de más de treinta años de experiencia y dos temporadas sostenidas con un enorme esfuerzo local, la lucha antigranizo sigue siendo parte de esa defensa.